En la ciudad de Santa Cruz se hizo una serie de planteamientos que fueron aprobados por sus lógicas particulares de consulta. En este artículo se pretende responder a algunas de estas.
La aprobación de una ley departamental para instaurar un servicio de seguridad ciudadana a través de una guardia departamental como lo plantea el presidente del Comité Cívico es inconstitucional, pues la seguridad del Estado como la defensa, las fuerzas armadas y la policía son competencias privativas del nivel central del Estado, así lo estipula el artículo 298 del la C.P. E. Al insinuar estar amparados en el marco de las competencias autonómicas, cosa que es falsa, esas declaraciones podrían pretender justificar grupos armados irregulares. Ese proyecto de ley no puede ser aprobado en la asamblea legislativa departamental por no ser vinculante.
Antes de pensar siquiera en un referendo revocatorio, como consecuencia del incumplimiento de una exigencia que se le hace al presidente Luis Arce Catacora en formato de ultimátum, algo ya común en los cabildos, deberían detenerse a evaluar esa osada pretensión de apresurar la viabilidad de una ley de amnistía que en un plazo no mayor de 30 días determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho; ignorando por completo los requerimientos necesarios del procedimiento que hace posible ser amparado por esta ley.
La amnistía se trata de un beneficio que elimina la responsabilidad de un delito, se realiza mediante la aprobación de un Decreto Presidencial, sin embargo al acudir a esto implícitamente se estaría aceptado que efectivamente existe delito, algo que los cívicos niegan rotundamente, razón por la que que llaman secuestro y persecución política al caso judicial del gobernador de Santa Cruz. Las razones por las que Luis Fernando Camacho está siendo procesado lo inhabilitarían, pues no pueden beneficiarse de la amnistía las personas que se encuentran procesadas en sus términos y motivos. Además, se necesitaría las firma del 20% del padrón electoral, cantidad que a pesar de una alta benevolencia respecto a los números en cuanto asistentes, es imposible afirmar que el cabildo de ayer en Santa Cruz haya logrado aglutinar una cantidad de gente que “sobrepase con creces” ese porcentaje como dijo Rómulo Calvo.
Es una irresponsabilidad hacer ese tipo de aseveraciones, además que deja al descubierto el profundo desconocimiento del funcionamiento de las instituciones del Estado como de la misma CPE que dicen pretender reformar para hacer de la justicia una justicia a su medida.