20 datos clave para entender el caso Quiborax y la responsabilidad de Carlos Mesa

Frente a las tendenciosas y falaces declaraciones de Carlos Mesa y de su bancada es pertinente recordar a la población lo siguiente.

1. Quiborax es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. Se encargaba de producir ácido bórico y productos agroquímicos. La empresa, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 20 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con NonMetallin Minerales SA.
2. El 2004 se promulgó la Ley No 2564 que facultó al Poder Ejecutivo la capacidad de declarar Nulidad a las concesiones mineras de la empresa Quiborax. Ley que estipulaba la realización y evaluación de 6 auditorías.
3. Esta ley promulgada bajo la presidencia de Carlos Mesa fijaba un plazo perentorio de 60 días. Dicha ley fue incumplida por el propio Carlos Mesa.
4. Esto significa que su Decreto fue emitido a escasos 13 días del vencimiento del plazo dispuesto por su propia Ley.
5. Carlos Mesa no hizo las 6 auditorías que la Ley y su Decreto le obligaban pese a tener obligaciones nacidas de su propia Ley y de su propio Decreto, algo que reconoció el ex presidente Mesa públicamente
6. Cometió una flagrante omisión que configura el delito de incumplimiento de deberes, convirtiendo a Carlos mesa en doblemente responsable, tanto por acción, por haber emitido un decreto contrario a las leyes vigentes y por omisión, por no haber cumplido los mandatos de la ley que exigía las auditorías y la declaración de nulidad de las concesiones.
7. Carlos Mesa expulsó a la empresa chilena de manera ilegal pudiendo hacerlo de manera legal, y la convirtió en víctima ante los ojos del CIADI.
8. El ex Presidente Mesa emitió el Decreto Supremo No 27589 de 23 de junio de 2004, disponiendo la REVOCATORIA y consiguiente pérdida de las concesiones de la empresa minera Non Metallic Minerals S.A.
9. Otorgó a Quiborax el plazo de 30 días para la entrega física de las mismas a la Prefectura del Departamento de Potosí, hecho que fue acatado por la empresa.
10. Este Decreto violó innecesariamente su Ley, su propio Decreto y el Código de Minería que no contemplaban la figura de Revocatoria de concesiones
11. Dio lugar al hecho generador de la demanda arbitral contra Bolivia y que más adelante configuró la base del Laudo arbitral que provocó la obligación de Bolivia a generar un desembolso cuantiosos en favor de la empresa Quiborax.
12. En su gestión, se emitió el Informe No.025/2004, mediante el cual, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de su propio Gobierno, una Comisión Multiministerial le advirtió que su Decreto ADOLECÍA DE SERIOS PROBLEMAS JURÍDICOS.
13. No queda duda acerca de las responsabilidades que debieron ser asumidas por el
    ex presidente Mesa y por su gabinete ministerial que, de haberse ejercitado oportunamente, habrían evitado a Bolivia ser demandada ante el CIADI.
14. Carlos Mesa no asumió el rol que le correspondía y lo obligaba a iniciar negociaciones con la empresa en cumplimiento del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones.
15. La empresa solicitó al menos en cuatro oportunidades al ex Presidente Mesa que, en el marco del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Bolivia y Chile, se dé inicio al proceso de consultas amistosas (proceso obligatorio de seis meses de acuerdo al Tratado Bilateral, suscrito entre Bolivia y Chile en 1994), por considerar que a través de su Decreto,

16. Lamentablemente Bolivia adoptó una medida que violaba normas constitucionales y legales internas, sino también tratados internacionales que dan protección a la inversión extranjera.
17. Las reiteradas solicitudes no obtuvieron respuesta del ex Presidente Mesa, lo que derivó en el arbitraje internacional contra Bolivia ante el CIADI.
18. Carlos Mesa tuvo la oportunidad de resolver este altercado creado por él mismo, pero omitió dar una solución evadiendo sus obligaciones y responsabilidades, dejando al Estado expuesto a una demanda arbitral originada en sus propios incumplimientos.
19. El ex Presidente Rodríguez Veltzé abrogó el Decreto de Carlos Mesa, restituyendo la legalidad. El ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé abrogó el Decreto de Carlos Mesa señalando “que la mencionada norma ADOLECE DE DEFICIENCIAS JURÍDICAS INSUBSANABLES en virtud a que el Código de Minería en ninguna de sus disposiciones legales establece
20. El ex Presidente Mesa no respondió por sus actos ante la Fiscalía General del Estado, por ese motivo dicha entidad consideró los antecedentes de este caso y emitió un requerimiento acusatorio por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, el cual debe seguir su curso antelas instancias constitucionales pertinentes.
    Carlos Mesa, alega que existe la intención de eliminar a la oposion gestando un persecución política en su contra, y sostiene que el gobierno a cometido traicion a la patria por asumir las consecuencias de los errores cometidos en su mandato