Se dio por terminado el paro de 72 horas promovido por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que sumo solo la indiferencia de la población y el desacato de varios sectores sociales. Potosí cumplió sus actividades casi con total regularidad.
El transporte público y privado tomó vías alternas para evitar el ingreso al casco viejo, el lugar donde se redujeron los bloqueos que recurrieron a banderas y alambres extendidos de un extremo a otra de algunas calles y avenidas.
Bolivia TV informó que tanto los centros de abasto, como en el sector de La Pasarela, atendieron con normalidad al igual que el transporte público.
El Gobierno planteó que el anteproyecto de Ley de Recursos Evaporíticos, conocida como “ley del litio” presentado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), y su principal demanda, deberá ser concertado de manera integral entre los sectores involucrados en la industrialización de ese metal.
El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, sostuvo que al tratarse de una propuesta de ley que compete no solo a Potosí, debe ser conocida y analizada por entidades y organizaciones vinculadas al recurso estratégico.
Buscan, bajo medidas de presión acelerar una normativa que carece del consenso de las organizaciones sociales y la población, merece un análisis transversal de sus distintas aristas, vinculadas con lo económico, técnico y medioambiental.
El proyecto de ley se encuentra en la Asamblea Legislativa para su respectivo tratamiento; sin embargo, no hubo una socialización de este con las bases, por lo que la medida de presión estuvo impulsada por un profundo desconocimiento y tintes políticos.
Esta situación fue evidente y se reflejó en la respuesta de la población, que durante los tres días que duró la medida optó por continuar con sus actividades normales, apostando por la reactivación económica que lleva adelante el gobierno del presidente Luis Arce, tarea que no es fácil, tomando en cuenta la precariedad que dejaron las malas decisiones de un régimen que tomó el Estado por asalto, tuvo una gestión marcada por la corrupción y que aún trata de rearticularse para dar rienda suelta a esas prácticas características de la derecha radical.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Heriberto Chavarría, dijo que el sector no respalda a Comcipo porque, además, no socializó los contenidos de la norma que se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Este proyecto de ley no ha sido socializado, pero además y si de verdad la norma fue consensuada con el departamento de Oruro ¿por qué Oruro no está en estas mismas medidas para que de una vez se pueda lograr la aprobación de la ley?”, preguntó.