Al conmemorar el Día del Mar Boliviano, el presidente del Estado Luis Arce mencionó que en 1879 los bolivianos fueron arrastrados a una guerra injusta entre pueblos hermanos, y que este 23 de marzo se cumple un año más desde que se mutiló aquella relación directa y ancestral que siempre se tuvo con el Pacífico.
Los bolivianos tienen una justa, legítima e histórica aspiración de recuperar y retornar a las costas del océano Pacífico, cuyo texto está enmarcado en la Constitución Política del Estado (CPE) que determina su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo.
El presidente propuso la necesidad de trabajar en la reivindicación marítima con Chile. El pueblo boliviano nunca renunciará a su derecho imprescriptible de una salida soberana al Océano Pacifico. El fallo de La Haya abre esa posibilidad y como pueblos hermanos se debe trabajar para que esta herida en el Abya Yala se cierre.
“Sin duda, todos los despojos de los que hemos sido víctimas durante decenios de vida republicana y que han reducido el tamaño de nuestro territorio a menos de un tercio de su superficie original, han tenido lugar por la acción de quienes disfrazados de patriotas trabajaron para el enemigo”, expresó.
El Tratado de 1904, tal como lo reconocen varios historiadores, fue impuesto por Chile. En este tratado se establecen pobres compensaciones a Bolivia a cambio de un cercenamiento de territorio y la relación directa con los mares. Chile reconoce a favor de Bolivia, y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico, pero lamentablemente la carga boliviana es permanentemente obstaculizada, demorada y fiscalizada en su paso por Chile.
Bolivia propone trabajar de manera conjunta contra este flagelo, que además de comprometer la producción boliviana promueve actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata y tráfico y otros delitos. El país propone discutir medidas eficaces que tomen en cuenta el origen del problema, limitando la cantidad de productos que se venden a los habitantes de la llamada Zona Franca de extensión.