En marzo de 2021, Yassir Molina fue aprehendido por este caso en Cochabamba para luego ser trasladado a la ciudad de Sucre, donde guarda detención preventiva. El 7 de noviembre de 2022, Molina, a través de su abogado Jhasmani Torrico, pidió a la Fiscalía someterse a juicio abreviado a cambio de revelar los nombres de los supuestos autores intelectuales de los hechos de 2019 y 2020.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de paraestatal a la RJC, organización que incurrió en graves actos de violencia en la crisis de 2019 en contra de la población cochabambina.
Los cuatro sentenciados fueron acusados por los delitos de organización criminal con fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, atentados contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado.
Los movimientos sociales de Cochabamba, recibieron con decepción la leve condena que la justicia dictó para estos tres miembros del grupo parapolicial Resistencia Juvenil Cochala (RJC), afirmo el dirigente Franco García.
“Seis años para quienes asediaron y causaron destrozos a bienes del Estado, atemorizaron y generaron violencia hacia la población civil, a indígenas y mujeres de pollera es, lastimosamente, muy poco, leve, decepcionante”, indicó el dirigente a la prensa.
García adelantó que pedirán la revisión de la sentencia para que se amplíe la condena para ese “peligroso grupo” que operó entre 2019 y 2020 al amparo del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el régimen de facto de Jeanine Áñez.
El GIEI investigó los hechos de violencia y muerte en la crisis de 2019. Pidió desarticular a este grupo, como a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo operativo del Comité Pro Santa Cruz.
La Fiscalía General del Estado señaló que la sentencia dictada el miércoles en la Capital boliviana contra los principales cabecillas de la RJC contribuye al cumplimiento de la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, dijo que en el juicio oral la Comisión de Fiscales de la Unidad Anticorrupción “demostró con pruebas contundentes” que Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Bascopé son autores de los delitos de tenencia porte o portación ilícita, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado, cometidos en octubre de 2020 cuando, de manera violenta, asediaron el edificio de la Fiscalía General del Estado.
“Por ello, el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital dictó sentencia de seis años de cárcel a cumplir en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre”, indicó a la prensa.
El grupo parapolicial, mandado por Arturo Murillo, quien pidió públicamente la dimisión del Fiscal General, Juan Lanchipa llegó armado a la ciudad de Sucre el año 2020 con la finalidad de forzar de manera violenta, precisamente, la renuncia de esa autoridad.
En ese objetivo, sus miembros asediaron y causaron destrozos al inmueble, considerado patrimonio de Sucre, atemorizaron y generaron zozobra en la población civil y amenazaron a los servidores públicos de la institución.
Con esos antecedentes, durante el juicio oral, dijo Nava, el Ministerio Público presentó 101 pruebas documentales y 11 testificales con las que sustentó la acusación fiscal y demostró la autoría de los involucrados ante la autoridad jurisdiccional.