Frente a las amenazas de algunos sectores, en sumarse a los conflictos que han paralizado el centro paceño y perjudicado a los estudiantes a nivel nacional, el gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, manifestó que tanto el magisterio, como el sector de salud y los propios jubilados, quienes en 1996 resistieron la privatización de los fondos de pensiones, hoy son los mismos que rechazan su nacionalización y respaldan el manejo por parte de las transnacionales.

En esa época, amplios sectores de la población se opusieron a esta privatización, entre ellos figuran el magisterio, salud y los propios jubilados, que estaban en contra de que los fondos pasen a manos privadas. En cambio, ahora encontramos a los mismos sectores que -en los hechos- apoyan el proceso de transnacionalización de las pensiones y se oponen a la administración de la Gestora”, argumentó.

Por su parte, el ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones, Roberto Chávez, amenazo, con medidas de presión, exige formar parte del directorio de la entidad, con la excusa de supervisar su labor y transparentarla, reconociendo que es una pretensión del gobierno, pero la cuestiona.

Durán hizo hincapié en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, donde especifica que tanto la administración del Estado como el sistema de pensiones no pueden privatizarse ni darse en concesión, esto como resultado a la lucha política que se hizo en aquellas épocas contra medidas neoliberales.

En este sentido, estas movilizaciones tienen un carácter político y yo llamo a la reflexión a las dirigencias, tanto del magisterio, de salud y de una parte de los jubilados, a ser parte del diálogo y enmarcarse precisamente en la tradición obrera, en la tradición de crítica, de cuestionamiento al modelo neoliberal y todo lo que significa el proceso de privatización. Se recupera esa tradición de los años 90 que se ha traducido precisamente a la Constitución Política del Estado”, indicó.

Entre 1991 y 1996 había ocho fondos complementarios deficitarios, que recibían soporte del TGN de 25 millones de dólares anuales. La Ley 1732, de reforma de pensiones, aprobada en noviembre de 1996, implicó un cambio en la administración de la seguridad social de largo plazo porque eliminó el antiguo sistema de reparto simple y lo reemplazó por el sistema de capitalización individual.

Durán también se refirió a que en el mundo, y específicamente en Bolivia, el “modelo de privatización de las pensiones ha cumplido su ciclo”. Demostró que entre 1981 y 2018 varios países revirtieron los procesos de privatización, como es el caso de Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia Hungría, Rusia y otros.

Entonces, son muchos los países en el mundo que han revertido los procesos de privatización, precisamente por los malos resultados que han tenido”, aseguró.

Según estudios internacionales, la cobertura que se tuvo en términos de la población económicamente activa ha sido baja. Por ejemplo, está el caso de República Dominicana, que en 2018 únicamente llegó a cubrir un 38%; en Colombia, el 35%; en México hubo una reducción del 33% al 29%; en Perú, del 21%.

En el caso boliviano, si se evalúa el trabajo de las AFP, se hará evidente que solo cubrieron alrededor del 19,6% de la población económicamente activa, explicó Durán.

La propia Ley de Pensiones no solo permite la afiliación de los trabajadores dependientes, sino también de los independientes, las AFP podían haber hecho un mejor trabajo en términos de ampliar la cobertura”, explicó.

A finales de los 90 las AFP, en su calidad de empresa de carácter privado y extranjero, asumió el control de las pensiones de los jubilados en el país; fue cuando sectores salieron defensa de los intereses de los trabajadores. Hoy su lucha se vuelca a defender la privatización, a favor de los intereses de empresas privadas que controlan las AFP, dando continuidad a que el sistema de pensiones sea controlado por estas. No permitir que el Estado controle en favor del pueblo boliviano y exigir su privatización es una contradicción lamentable para estos sectores.

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