La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha identificado una nueva forma de acoso político contra las mujeres autoridades electas. Se trata de compromisos forzosos de gestión compartida (CFGC), que se describen en un informe presentado ayer por la institución.
El informe, titulado “Obligadas a renunciar: Compromisos de gestión compartida forzada: Violación de los derechos políticos de las mujeres”, fue presentado por el Defensor del Pueblo Pedro Callisaya a 10 años de la promulgación de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política contra las Mujeres.
La característica de esta nueva práctica es que las autoridades electas femeninas se ven obligadas a renunciar a su mandato después de un cierto tiempo, lo que generalmente ocurre después de la primera mitad de su mandato. Dicha renuncia habilita al suplente, que generalmente es un hombre, a asumir la titularidad, explicó Callisaya.
La Defensoría del Pueblo encontró que los CFGC son una forma de acoso político porque se utilizan para silenciar e intimidar a las mujeres autoridades electas. El informe también encontró que los CFGC son una violación de los derechos políticos de las mujeres porque les impiden ejercer su mandato completo.
A la luz de sus hallazgos, la Defensoría del Pueblo recomienda al gobierno boliviano modificar la Ley 243 para incluir a los CFGC como una forma de acoso y/o violencia política. La Defensoría del Pueblo también recomienda que el gobierno brinde capacitación a los partidos políticos y otras organizaciones sobre la prevención de CFGC.
Las conclusiones de la Defensoría del Pueblo son un recordatorio de que el acoso político contra las mujeres sigue siendo un problema grave en Bolivia. El gobierno debe tomar medidas para abordar este problema y garantizar que las autoridades electas puedan ejercer su mandato completo sin temor al acoso o la intimidación.