La futura Ley de Sistema de Gestión de Riesgo para la Prevención y Lucha contra la Corrupción en Bolivia está dando un paso importante en la lucha contra este flagelo que tanto daño ha causado a nuestra sociedad. Una de las medidas clave que se incluirá en esta ley es la cláusula anticorrupción, la cual permitirá anular contratos y recuperar la inversión de obras adjudicadas en las que se evidencien hechos ilícitos.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, ha explicado que esta cláusula tendrá un impacto significativo en la relación del Estado con las empresas contratistas. Si durante la vigencia de un contrato se comete un acto de corrupción, se aplicará esta cláusula, lo que implicará la terminación inmediata del contrato y la recuperación de los recursos públicos destinados a dicha obra o servicio contratado.
Es importante destacar que esta cláusula anticorrupción no es una medida nueva, sino que ha sido aplicada por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. Su implementación en Bolivia demuestra nuestro compromiso con las mejores prácticas internacionales y la lucha contra la corrupción.
En el contexto global, estas cláusulas buscan garantizar que las partes involucradas en un contrato se comprometan a no incurrir en prácticas corruptas que puedan afectar la transparencia y la integridad del mismo. El objetivo es prevenir y sancionar la corrupción de manera contundente, promoviendo así un entorno más favorable para el desarrollo y la inversión.
La aprobación de esta ley facilitará aún más el proceso, ya que los contratos establecerán una forma inmediata de interrumpirlos y recuperar los activos del Estado en caso de detección de actos ilícitos. Las empresas deberán tener claro que cualquier intento de realizar pagos irregulares conllevará la terminación inmediata del contrato y un proceso urgente de recuperación de los activos.