La reciente censura al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por parte de la Asamblea Legislativa ha generado una ola de especulaciones y juicios precipitados, es necesario aclarar que la censura se produjo debido a acusaciones relacionadas con el presunto robo de autos en Chile, los cuales habrían sido comercializados ilegalmente en Bolivia. Sin embargo, es importante recordar que estas acusaciones aún no han sido probadas y se encuentran en proceso de investigación.
Durante la sesión en la Asamblea Legislativa, el ministro Del Castillo brindó una amplia explicación sobre el funcionamiento del aparato de seguridad del Estado en la lucha contra el robo de vehículos. Informó que en 2022 se identificaron 52 vehículos robados, de los cuales 31 provenían de Chile, 5 de Argentina y 16 de Brasil. Es importante destacar que todos estos vehículos fueron restituidos a sus propietarios legítimos, lo cual demuestra el compromiso del Gobierno boliviano en la cooperación internacional y el combate contra el crimen transfronterizo.
En lo que va del año, se han identificado 8 vehículos robados en Chile, de los cuales 5 ya han sido devueltos a sus propietarios. El ministro Del Castillo hizo hincapié en que la Aduana Nacional, junto con el Ministerio Público y el Órgano Judicial, son las entidades encargadas de garantizar la restitución de vehículos con reporte de robo internacional, en cumplimiento del Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores Terrestres y/o Embarcaciones que Transponen Ilegalmente las Fronteras Entre los Estados del Mercosur.
Además, informó sobre los resultados positivos en la lucha contra el tráfico de vehículos robados, que han llevado a la aprehensión de 1.219 personas en la presente gestión. Los planes de operaciones implementados, como el “Candado”, el “Fortalecimiento a la seguridad en Fronteras” y la “Operación Trigger IX Latinoamérica”, han sido fundamentales para combatir este delito y capturar a los responsables.
En relación a las ferias de comercialización de vehículos usados y nuevos en todo el país, el ministro Del Castillo informó que se han identificado 72 en total. Las autoridades competentes, como las Direcciones Departamentales de DIPROVE, realizan patrullajes e intervenciones preventivas en estos lugares para verificar la legalidad de los vehículos y prevenir ilícitos relacionados con el robo de autos.
Es importante mencionar que la sentencia constitucional 0020/2023, que declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley 1350, no obliga al presidente Arce a destituir al ministro censurado por la Asamblea Legislativa. Esta sentencia otorga al presidente la última palabra en este asunto, respetando así el principio de separación de poderes y la autonomía del Ejecutivo para tomar decisiones en beneficio del país.
En conclusión, la censura al ministro de Gobierno ha sido un acto político que carece de fundamentos sólidos y pruebas contundentes. Es necesario mantener la prudencia y permitir que las investigaciones sigan su curso, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. El Gobierno de Luis Arce continúa comprometido con la lucha contra el crimen transfronterizo y la seguridad ciudadana, buscando siempre el bienestar y la estabilidad de Bolivia en el ámbito internacional.