Con la peculiaridad de ser el único país del continente donde la población elige directamente a sus altas autoridades judiciales, Bolivia se enfrenta nuevamente a la tarea de definir quiénes ocuparán cargos clave en el sistema judicial. Sin embargo, los plazos reducidos y los obstáculos en el camino han generado preocupaciones sobre la realización del proceso electoral.
Desde la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) en 2009, la elección de altas autoridades judiciales por voto popular ha sido una característica distintiva del sistema judicial boliviano. Sin embargo, los procesos electorales anteriores, en 2011 y 2017, estuvieron plagados de ciertas dificultades que causaron confusión en la población.
Este año, el proceso de Elecciones Judiciales ha sido objeto de tropiezos y críticas debido a los plazos ajustados y la forma en que se han aprobado los reglamentos y convocatorias. La “Ley Corta” aprobada recientemente redujo drásticamente los plazos de preselección de candidatos de 80 a 60 días y los plazos para las elecciones de 150 a 100 días.
Además, el proceso ha enfrentado paralizaciones debido a recursos legales presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el cumplimiento de los plazos establecidos.
La reducción de plazos y las interrupciones en el proceso de preselección podrían tener consecuencias significativas para el sistema judicial y la confianza de la población en el proceso electoral.
Asimismo, la reducción del tiempo asignado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de las elecciones podría afectar la difusión adecuada de los candidatos y la información necesaria para que la población tome decisiones informadas al ejercer su voto.