Durante la crisis poselectoral de 2019, que culminó con la dimisión del entonces presidente Evo Morales, se investigó que el Comité pro Santa Cruz, liderado por Luis Fernando Camacho, movió al menos Bs 7,8 millones, según las pesquisas del caso Golpe de Estado I.
En el periodo comprendido entre el 5 de septiembre y el 30 de noviembre, estos fondos fueron destinados a sueldos de la organización cívica, gastos de oficina, pasajes a La Paz, “pasajes Vivi” y “poleras Tarija“, entre otros conceptos, según las pruebas presentadas por el Ministerio de Gobierno, parte querellante.
Durante ese lapso, se realizaron 18 transferencias desde la cuenta de Camacho en el Banco Ganadero (cuenta 1051-256626) al Comité pro Santa Cruz, totalizando Bs 7.862.265.
El 27 de octubre, se destinaron Bs 76.329,57 para “pasajes“, coincidiendo con la llegada de Camacho y su lugarteniente Luis Fernando López a El Alto al día siguiente (28), donde se les impidió ingresar a La Paz, según consta en el documento.
En ese contexto, López se comunicó con el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, mediante dos llamadas el mismo día, mientras el Comité pro Santa Cruz promovía una semana de paro en protesta por un supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre.
El 10 de noviembre, López y Kaliman mantuvieron un intenso intercambio de llamadas y una reunión en el Comando de las Fuerzas Armadas, horas antes de la renuncia de Morales.
Aunque las transferencias antes del 5 de noviembre no superaban los Bs 100.000, el 5 de noviembre se transfirieron desde la cuenta de Camacho Bs 210.879,57, coincidiendo con su llegada a La Paz, donde instaló su cuartel de operaciones en el hotel Casa Grande.
A partir del 5 de noviembre, las transferencias aumentaron significativamente, llegando a Bs 955.868,25 el 19 de noviembre, Bs 877.418,25 el 20, Bs 759.761,65 y Bs 710.861,65 el 27, y Bs 656.899,97 y Bs 564.799,97 el 30.
Entre el 6 y el 29 de noviembre, al menos 57 personas fueron hospedadas en los hoteles mencionados. Según notas de descargo y documentación secuestrada, el Comité pro Santa Cruz y Miguel Ángel Navarro pagaron facturas que ascendían a Bs 367.207 entre el 18 y el 28 de noviembre.
Estos fondos también se destinaron a pagos a personas como Marco Antonio Serrate, el excoronel de Policía Luis Castro López y Diego Taboada Suárez, entre otros. Estos individuos, contratados para la seguridad de Camacho, afirmaron haber recibido pagos por sus servicios.
El 4 de enero de 2023, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló movimientos financieros de Camacho por Bs 4,5 millones entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019. Parte de estos fondos se depositaron en la cuenta del Banco Ganadero de Camacho y otra parte en cuentas particulares, incluyendo a familiares y al excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) general Gonzalo Terceros.
Este financiamiento es considerado solo una parte del respaldo al presunto golpe de Estado, según declaraciones del ministro. Además, Camacho enfrenta acusaciones de cohecho y seducción de tropas en el caso Golpe de Estado I, que examina eventos anteriores a la renuncia de Morales en 2019.