Este lunes, el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, anunció una inversión gubernamental de $1.500 millones para establecer tres empresas estatales dedicadas a la extracción y comercialización de oro destinado al Banco Central de Bolivia (BCB). El propósito fundamental es fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y generar divisas.
Quispe destacó la intención de crear tres empresas mineras exclusivamente centradas en el oro, con la perspectiva de fusionarlas en una sola entidad a largo plazo, subrayando la importancia de este proyecto para el desarrollo económico del Estado. Enfatizó que, en la actualidad, no existen empresas estatales dedicadas a la extracción de oro.
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Servicio Geológico Minero (Sergeomin), en colaboración con el Ministerio de Minería, lideran la iniciativa para trabajar y adquirir el mineral. Quispe señaló que desde 2009, la Comibol había iniciado la compra de oro a agencias en diferentes regiones, pero estas operaciones se paralizaron en 2020 con el cambio de Gobierno, retomándose recientemente.
El ministro informó sobre la reapertura de la agencia en San Ramón, donde se adquirieron 2,3 kilos de oro en nueve días, destinados a la venta al BCB. Asimismo, destacó que el proyecto es a largo plazo y que las empresas estatales se establecerán en los ríos Madre de Dios y Beni.
Quispe mencionó algunos desafíos judiciales con comunidades locales, especialmente en el río Madre de Dios, pero expresó la determinación de resolver estos problemas para asentar al menos cinco empresas, tanto estatales como privadas. Además, informó sobre un proyecto en etapa final en el río Beni a cargo de Sergeomin.
El ministro reveló que actualmente el Estado solo produce aproximadamente el 2% del oro, mientras que las cooperativas y empresas privadas abastecen el 98%. De esta forma, indicó la necesidad de realizar un trabajo técnico para la exploración y explotación sostenible del metal.
Quispe subrayó que esta iniciativa es parte de un plan agresivo del Gobierno para la compra y comercialización legal del oro, así como para llevar a cabo proyectos de tratamiento y explotación en los yacimientos de la estatal minera.