El Gobierno nacional está considerando la posibilidad de iniciar un proceso penal por prevaricato contra los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a su presunta implicación en el otorgamiento de más de 33 mil hectáreas de tierra a la familia Marinkovic.
Durante una conferencia de prensa conjunta, el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, expresó su preocupación por lo que calificó como una “aberración jurídica” en las sentencias emitidas por estos magistrados.
Guerrero instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a considerar la destitución de estos magistrados, sugiriendo que su actuación plantea serias dudas sobre su idoneidad para el cargo, especialmente dado que pueden estar considerando postularse para las elecciones judiciales.
La Sentencia SCP 1016/2023-S4 emitida por Espada y Hurtado en diciembre de 2023 anuló una resolución previa que negaba a la familia Marinkovic el derecho sobre tierras, consolidando el derecho propietario del Estado sobre áreas en Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte.
El ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori, criticó duramente a los magistrados del TCP, refiriéndose a ellos como “verdugos” y asegurando que el Gobierno defenderá los derechos de los bolivianos sobre estas tierras.
El caso se remonta a 2020, cuando Branko Marinkovic, exministro del gobierno de facto, obtuvo una resolución del INRA que otorgaba la propiedad de los territorios a su familia. En respuesta, el Gobierno de Luis Arce emitió un decreto en el año 2021 para iniciar un proceso por la entrega de los predios a la familia del exministro, resultando en una sentencia a favor del Estado en el Tribunal Agroambiental en mayo de 2021.