El día de ayer, Luis Alberto Echazú, exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos en Bolivia, fue aprehendido bajo acusaciones relacionadas con presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Esta acción legal se deriva de un proceso iniciado en 2023 por Carlos Ramos, quien en ese entonces presidía la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Según declaraciones del abogado Vladimir Ochoa, la detención de Echazú se llevó a cabo cerca del mediodía sin previa notificación sobre la reapertura del caso, el cual fue iniciado tras una auditoría que reveló irregularidades en contratos destinados a la explotación de recursos evaporíticos en el salar de Uyuni.
En mayo de 2023, Ramos había presentado una solicitud de ampliación de querella contra Echazú por los supuestos delitos mencionados, basándose en el Artículo 154 y 224 del Código Penal boliviano, así como en el Artículo 70, 74, 284, 290 y 297 del Código de Procedimiento Penal.
El proceso legal también incluye a Echazú en una demanda reciente presentada por YLB contra 10 de sus exdirectivos y una empresa contratista. Esta demanda surge a raíz de problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas, lo que ha afectado la provisión de materia prima a la planta de carbonato de litio y ha generado un daño económico estimado en más de Bs 425 millones.
La situación legal de Echazú se desarrolla en medio de un escenario de creciente escrutinio sobre la gestión de recursos minerales en Bolivia y la necesidad de transparencia en los procesos relacionados con su explotación. La reapertura del caso y la posterior aprehensión del exministro destacan la importancia de la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley en el ámbito gubernamental y empresarial.