La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) ha levantado la voz en un tono de alarma ante lo que consideran un peligroso plan del expresidente, Evo Morales, para desestabilizar el país. Según la CSUTCB, Morales estaría utilizando una millonaria indemnización exigida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como un intento de “legitimar ganancias de un dinero que raramente le ingresan”, con la intención de provocar caos y convulsión nacional a través de marchas y bloqueos.
“Por memoria, verdad y justicia, el pueblo tiene derecho a saber la verdad. No tenemos la intención de cobrar la indemnización. Nuestra demanda fue por justicia y no por dinero”, decía Evo Morales el 17 de marzo de 2022.
La aseveración la hizo a través de sus redes sociales, luego de conocer en ese entonces el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que consideró inconstitucional su inhabilitación como candidato a senador en las elecciones de octubre de 2020.
Ahora cambió de opinión y solicitó, mediante sus abogados, el pago de Bs 1,9 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pedido que causó indignación en sectores sociales y parlamentarios, considerando que Evo Morales percibe una renta vitalicia de Bs 25 mil por mes.
El secretario de Actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Armin Flores, advirtió de que Morales pretende “legitimar ganancias con un dinero que raramente le ingresan” para llevar adelante un “plan incendiario en el país” que promueve bloqueos y marchas.
“Vemos que se está tratando de justificar tanto dinero que está invirtiendo en operadores políticos, traslado de gente para hacer bloqueos, marchas para llevar adelante el plan de incendios. Vemos claramente que está tratando de legitimar esas ganancias que raramente le ingresan”, denunció el dirigente campesino.
Mientras que el exejecutivo de la CSUTCB Adalberto Ticona opinó que el repentino pedido de resarcimiento es una medida política que utiliza el dirigente cocalero para continuar “comprando conciencias de los dirigentes” o para “generar división” en las organizaciones sociales y sindicales.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga afirmó que ya se presentó una minuta al TSE, en la que se exige que no se otorgue ningún tipo de indemnización al expresidente.