El alcalde Iván Arias enfrenta dos pedidos de informes orales debido a sus acciones que beneficiaron a dueños de construcciones ilegales comerciales. El concejal Javier Escalier denunció que sigue vigente una norma que reduce hasta en un 79% las multas para estos infractores.

El Decreto Municipal 034/2023, aprobado en diciembre de 2023, fue citado como evidencia para solicitar explicaciones a Arias sobre el daño a la alcaldía causado por estas iniciativas.

La Ley de Fiscalización Técnica Territorial No. 233, aprobada en 2017, establecía multas más altas para infractores, pero con el decreto de Arias, estas sanciones se reducen significativamente.

El decreto beneficia a los constructores que violaron la normativa en gran medida, lo que genera inseguridad jurídica en La Paz. Además, vincula directamente la gestión de Arias con los intereses de las constructoras a gran escala que construyen sin respetar la ley en la ciudad.

Una de estas empresas, Las Loritas, cuyo gerente propietario, Harold Lora, ha sido acusado de estafa, ha sido asociada públicamente con Arias y otros concejales afines. Funcionarios municipales también se han visto involucrados en el ocultamiento de información sobre las irregularidades de estas construcciones, lo que ha generado un segundo pedido de informe oral para el alcalde.

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