El día de ayer, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, se reunió con estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) para presentar y discutir los detalles del anteproyecto de ley denominado “Lo Ajeno No Se Toca“. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo principal fortalecer la penalización de delitos contra la propiedad, asegurando una respuesta más efectiva frente a estos crímenes que afectan a la ciudadanía boliviana.
En sus declaraciones, el ministro Del Castillo destacó la necesidad de modificar el marco legal actual, argumentando que el delito de hurto a menudo resulta en penas mínimas que permiten a los delincuentes quedar en libertad rápidamente. “¿Para qué arriesga uno su vida tratando de atrapar al delincuente si luego es liberado?“, cuestionó, señalando la urgencia de cambiar esta realidad.
El anteproyecto “Lo Ajeno No Se Toca” propone establecer una pena privativa de libertad de siete años, sin derecho a indulto, para los delincuentes que cometan delitos contra la propiedad de manera reiterada. El objetivo es evitar la reincidencia y garantizar que estos individuos no salgan rápidamente de los recintos penitenciarios, lo que actualmente sucede en un alto porcentaje de casos, según datos oficiales.
Durante el año 2023, se reportaron 21.330 delitos contra la propiedad en Bolivia, de los cuales la Policía aprehendió a 2.931 personas. Sorprendentemente, 2.411 de estos aprehendidos fueron puestos en libertad, lo que representa un preocupante 82% de liberaciones.
Los delitos más frecuentes incluyen robos, hurtos, robos agravados, abigeatos y jukeos, entre otros.
El Ministro Del Castillo instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a aprobar con prontitud este anteproyecto de ley, argumentando que beneficiará significativamente a la sociedad boliviana al evitar la revictimización y garantizar un proceso judicial ágil y eficiente. Bajo la propuesta, las declaraciones de las partes y las pruebas audiovisuales, si están disponibles, serán suficientes para iniciar un juicio y obtener una sentencia en un plazo de 24 horas.
“Queremos establecer un nuevo tipo penal denominado ‘apoderamiento flagrante de la cosa ajena“, afirmó la autoridad gubernamental, subrayando la importancia de adaptar la legislación para hacer frente a las dinámicas delincuenciales actuales.