El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, anunció que tres sacerdotes de la Compañía de Jesús han sido formalmente imputados por el delito de encubrimiento en relación con un caso de violación que involucra al fallecido arzobispo Alejandro Mestre Descals. Los sacerdotes, identificados como Jesús Osvaldo A. C. P., Bernardo L. M. V., e Ignacio S. E., de 52, 43 y 80 años respectivamente, están acusados de ocultar los delitos cometidos por Mestre, quien habría abusado sexualmente de un menor en 1961 mientras estaba a cargo de una unidad educativa en La Paz.
Según las investigaciones, Mestre agredió sexualmente al niño en dos ocasiones, aprovechándose de su posición y del silencio del menor, que no denunció el abuso por miedo y vergüenza. Años después, en noviembre de 2021, Osvaldo A. C. P., entonces responsable de ambientes sanos en la curia provincial, tuvo conocimiento del caso y lo remitió a Ignacio S. E., jefe provincial de la curia en ese momento. Ignacio instruyó la apertura de una investigación interna bajo el derecho canónico, la cual fue dirigida por Osvaldo y, finalmente, cerrada. Posteriormente, el actual Provincial, Bernardo L. M. V., también revisó el caso y decidió no remitirlo a las autoridades civiles.
El Ministerio Público sostiene que los sacerdotes, a pesar de tener conocimiento de los indicios de un delito grave, optaron por no denunciarlo a las autoridades bolivianas, lo que se interpreta como un intento de encubrimiento de los abusos cometidos por Mestre. Esta omisión persistió hasta el 8 de mayo de 2023, cuando la denuncia fue formalizada tras la aparición de otro caso de pederastia que puso bajo escrutinio a la Compañía de Jesús y provocó la apertura de una investigación de oficio por parte del Ministerio Público.
En la imputación formal, la Fiscalía ha solicitado medidas cautelares contra los tres sacerdotes, incluyendo la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse regularmente ante las autoridades judiciales, y la prohibición de comunicarse con la víctima. Además, se ha solicitado la detención domiciliaria de los imputados mientras se espera la audiencia de medidas cautelares que determinará el futuro del proceso.
Este caso ha generado gran conmoción y pone en evidencia los esfuerzos por parte de algunos sectores de la Iglesia para manejar internamente situaciones de abuso, evitando su judicialización en el sistema penal boliviano. La Fiscalía sigue adelante con la investigación para esclarecer completamente los hechos y garantizar que se haga justicia en este delicado asunto.