Con la promulgación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias, propuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Bolivia se encamina hacia las Elecciones Judiciales que se celebrarán el próximo 1 de diciembre de 2024. La medida fue firmada por el presidente Luis Arce, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre los tres poderes del Estado y diversas organizaciones políticas en la reunión del 10 de julio, convocada por el TSE.
El presidente Arce destacó en sus redes sociales que su gobierno garantiza los recursos económicos necesarios para la realización de estos comicios, donde el pueblo boliviano elegirá por voto directo a sus representantes en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Así, las autoridades del Órgano Judicial serán elegidas por voto directo del pueblo boliviano, cumpliendo con nuestra Constitución Política del Estado”, subrayó el mandatario.
En preparación para la elección, el TSE tiene previsto iniciar este miércoles el registro de nuevos votantes, que incluirá a aquellos que cumplan 18 años antes del 1 de diciembre y a quienes necesiten actualizar sus datos. Este proceso de registro masivo se extenderá hasta el 30 de agosto, debido al ajustado calendario electoral. Oscar Hassenteufel, presidente del TSE, señaló que el periodo de apertura del padrón electoral será breve, dada la urgencia y complejidad de la organización de la tercera elección judicial en la historia de Bolivia.
Durante las elecciones, los ciudadanos elegirán a nueve magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, nueve del Tribunal Supremo de Justicia, cinco del Tribunal Agroambiental y tres consejeros del Consejo de la Magistratura, seleccionados entre 139 candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estas autoridades serán responsables de la administración de justicia en el país en los próximos años.
El proceso electoral, que reemplaza las elecciones primarias, está diseñado para asegurar que los bolivianos ejerzan su derecho al voto y participen en la designación de jueces y magistrados, reafirmando el compromiso con la transparencia y la legalidad en el marco de la Constitución.