Hoy se inicia el juicio por uno de los episodios más oscuros de la crisis política de Bolivia en 2019: la masacre de Senkata. Los 18 acusados, entre ellos la ex presidenta de facto Jeanine Añez, enfrentarán un proceso ordinario con base en la figura penal de “genocidio”. El juicio, que se desarrolla en el Tribunal 4º de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto, busca justicia por la muerte de 10 civiles desarmados durante un violento enfrentamiento.
Los hechos que se juzgan ocurrieron el 19 de noviembre de 2019, cuando una protesta pacífica de vecinos alteños, indignados por la quema de la wiphala y la violencia en otras regiones, se transformó en un violento conflicto. La planta de gas de Senkata, crucial para el suministro de combustible en el occidente de Bolivia, se convirtió en el centro de la tragedia.
Según informes de la Fiscalía, el día de la masacre se ejecutó el denominado Plan Sebastián Pagador, una operación militar y policial para tomar control de la planta. La situación escaló rápidamente: tras el paso de un convoy de cisternas, las fuerzas de seguridad respondieron de manera desproporcionada a las protestas de civiles armados con palos, piedras y petardos, utilizando una fuerza letal.
El saldo fue devastador: 31 heridos y 10 fallecidos por impactos de proyectiles de diversos calibres. Las víctimas murieron en “absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos”, como detalla la acusación. El Decreto Supremo 4078, firmado por Añez y su gabinete, eximía de responsabilidad penal al personal militar involucrado en operaciones de orden público y ha sido descrito como “el decreto de la muerte”.
El juicio incluye a la ex presidenta Añez y a otros altos funcionarios de su gobierno, entre ellos el ex ministro de Gobierno Arturo Murillo, el ex ministro de Defensa Fernando López, y otros 15 acusados, quienes enfrentarán cargos de genocidio, con una solicitud de pena de 30 años de cárcel para cada uno.
El caso ha atraído la atención internacional, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional denunciando las graves violaciones a los derechos humanos y la impunidad en el uso excesivo de la fuerza estatal.
La Procuraduría General del Estado ha calificado este juicio como un “proceso sin precedentes” que busca memoria, verdad y justicia. Se han recopilado alrededor de 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y numerosos testimonios para sustentar la acusación.