El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, anunció medidas que buscan modificar el acceso de extranjeros no residentes a servicios de educación y salud públicos en el país. Según detalló el vocero gubernamental, Manuel Adorni, estas iniciativas forman parte de una estrategia para optimizar los recursos estatales y fortalecer el financiamiento de instituciones públicas.
Entre los cambios destacados, las universidades nacionales podrán aplicar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Adorni explicó que este cobro tiene como propósito generar una nueva fuente de ingresos para las casas de estudio, garantizando su sostenibilidad financiera.
En el ámbito de la salud, el gobierno estableció que los organismos de salud a nivel nacional, provincial y municipal podrán definir condiciones específicas para el acceso de extranjeros al sistema, lo que incluiría el cobro por los servicios brindados. Esta medida, según Adorni, pone fin a la gratuidad para aquellos que no residen en el país.
Adicionalmente, se endurecieron las políticas migratorias. Entre las nuevas disposiciones, se destaca la expulsión inmediata de extranjeros atrapados cometiendo delitos en flagrancia, además de la prohibición de su reingreso. Asimismo, quienes intenten ingresar con documentación irregular o con intenciones diferentes a las declaradas serán rechazados en la frontera, enfrentando incluso penas de prisión si violan la prohibición de reingreso.
Estas decisiones, que buscan equilibrar el acceso a los servicios públicos con los aportes económicos de los beneficiarios, han generado opiniones divididas, marcando un nuevo enfoque en la política migratoria y social del país.