El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el alcalde de La Paz, Iván Arias, deberá prestar declaración este miércoles en calidad de investigado, en el marco de las indagaciones por el deslizamiento de una mazamorra que cobró la vida de una niña de cinco años. La investigación está a cargo de una Comisión de Fiscales que busca esclarecer responsabilidades.
El caso también involucra al alcalde de Achocalla, Manuel Condori, quien fue aprehendido el pasado lunes y podría enfrentar imputación formal en las próximas horas. La mazamorra, ocurrida la madrugada del 24 de noviembre, afectó gravemente a la zona de Bajo Llojeta, sepultando viviendas y causando daños en infraestructuras públicas, incluyendo obstrucción de drenajes y vías importantes como la avenida Los Sargentos y la Costanera.
Según los primeros reportes, el deslizamiento estaría relacionado con trabajos realizados en el cementerio Los Andes, cuyos efectos habrían agravado la vulnerabilidad del terreno. Las investigaciones buscan determinar si la empresa Kantutanoi, encargada de obras de estabilización en la zona, contaba con los permisos municipales correspondientes.
El Ministerio Público inició las diligencias de oficio bajo la figura de estragos y peligro de estragos agravados por la pérdida de una vida humana. Varias instituciones se han sumado a la investigación, que podría derivar en responsabilidades tanto para las autoridades municipales como para las empresas involucradas.
Este trágico evento pone en el centro del debate la gestión de riesgos en zonas vulnerables y la coordinación interinstitucional en tareas de prevención. Las declaraciones de los implicados serán clave para establecer posibles negligencias y sancionar a los responsables.