La defensa del expresidente Evo Morales presentó una acción de libertad en el juzgado de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, en respuesta a la orden de aprehensión emitida por el juez Nelson Rocabado. La decisión judicial surgió luego de que Morales no se presentara a una audiencia relacionada con un caso de trata de personas que investiga la Fiscalía de Tarija. Según sus allegados, este proceso es un intento de persecución política.
El documento fue ingresado el lunes 20 de enero a las 16:08, según confirmó el exdiputado Luis Felipe Dorado. Sin embargo, Dorado expresó su esperanza de que el pedido sea rechazado por el juez de San Ignacio de Velasco, argumentando que el proceso está a cargo del Juzgado Quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija, bajo la jurisdicción de Rocabado.
Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el senador William Torrez, identificado con el ala evista del partido, aseguró desconocer el contenido del recurso presentado y prefirió no emitir declaraciones al respecto hasta contar con mayor información. La acción de libertad, según la legislación boliviana, se utiliza cuando una persona considera que sus derechos fundamentales han sido vulnerados, un argumento que los defensores de Morales sostienen en este caso.
Los cercanos al exmandatario aseguran que este proceso tiene un trasfondo político y busca excluir a Morales de las elecciones de este año. Esta afirmación se enmarca en las tensiones internas dentro del MAS y en las acusaciones de persecución política contra sectores críticos del oficialismo.
El caso suma una nueva dimensión a la polarización política en Bolivia, con el expresidente Morales enfrentando uno de los momentos más críticos en su carrera, mientras su defensa insiste en que se garantice la imparcialidad en el proceso judicial.