El caso $LIBRA desembarcó con una mega demanda en la Suprema Corte de Nueva York impulsada por más de 200 personas damnificadas en la compra de la criptomoneda que promovió Javier Mieli hace poco más de un mes. La presentación la hizo el estudio Burwick Law, tal como había anunciado en redes sociales. Se trata de una “acción de clase”, es decir una denuncia colectiva de ahorristas, que tienen como objetivo recuperar los fondos y obtener algún resarcimiento.
Está dirigida contra el empresario Hayden Davis, su hermano Gideon y su padre Thomas, además de su firma Kelsier Ventures. También contra Julian Peh, CEO de Kip Protocol, y Benjamin Chow, quien renunció a la plataforma Meteora a raíz de este escándalo, que se esparció por distintos rincones del mundo. La presentación no involucra en forma directa al Presidente, pero tampoco se salva de las observaciones, y algunos especialistas dicen que podría traerle consecuencias a la larga.
“Al alinear el lanzamiento del token con el respaldo de una figura alto perfil como el presidente de Argentina, Javier Milei, y al enfatizar repetidamente conceptos como la revitalización económica, la financiación descentralizada y la transparencia financiera, los demandados crearon intencionalmente una apariencia de legitimidad y una falsa garantía del potencial económico del token”, dice la presentación, en el punto 51. Luego explica que “la estrategia promocional vinculó explícitamente $LIBRA con resultados económicos tangibles, incentivando a los compradores a creer que su participación financiera en la compra del token contribuiría directamente al crecimiento económico y al ecosistema de innovación” argentino.
Burwick, que es un estudio especializado en operaciones con cripto activos, eligió los tribunales de Nueva York para hacer la demanda con el argumento de que ahí tiene su base de operaciones la plataforma Meteora que se utilizó para lanzar $LIBRA y que las actividades que atraviesan a esta megaestafa están ligadas a los mercados financieros de Manhattan. La acción de clase apunta únicamente a la compensación económica de los damnificados. Pero también están las denuncias en términos de operaciones criminales que recibió el Departamento de Justicia de Estados Unidos que, todo indica, ya inició su tarea de investigación.