La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en su estación en grande, el proyecto de ley que establece la obligatoriedad del debate electoral público para los candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivos regionales y alcaldes.
La normativa incorpora un nuevo artículo en la Ley 026 de 2010, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda conocer y analizar las propuestas de los diferentes programas de gobierno, promoviendo así un voto informado y consciente.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió esta iniciativa a la Asamblea en noviembre de 2024, buscando que los debates sean públicos y obligatorios en futuros procesos electorales. Según el proyecto, los debates deberán realizarse dentro de los 15 días anteriores y hasta cinco días previos a la fecha de la elección. En caso de una segunda vuelta electoral, los candidatos habilitados estarán obligados a participar en un nuevo debate dentro de los 10 días previos a la votación.
Con esta medida, se espera fortalecer la democracia y fomentar una mayor participación ciudadana en el análisis de las propuestas políticas, permitiendo a los electores tomar decisiones informadas en los comicios nacionales y regionales.