La Justicia argentina decidió reabrir la investigación contra el expresidente Evo Morales por presunta corrupción de menores, tras haber sido archivada a fines de 2024. La decisión fue tomada por la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que consideró que el cierre del caso fue “prematuro” y ordenó avanzar con la causa.
La denuncia fue presentada por la Fundación Apolo, cuyo abogado, José Lucas Magioncalda, confirmó al diario El Deber que ahora también fueron reconocidos como querellantes. Esto les permite participar activamente en el proceso judicial, presentar pruebas y tener acceso al expediente.
“El juez de primera instancia había desestimado la causa, pero apelamos y la Cámara nos dio la razón”, explicó Magioncalda en declaraciones al diario cruceño. “Ahora estamos en mejores condiciones para impulsar la investigación”, añadió.
Entre las pruebas que planean presentar se encuentran la declaración de Angélica Ponce, dirigente de las mujeres interculturales en Bolivia, quien ya declaró ante la justicia de ese país. También solicitarán que declaren como testigos el expresidente argentino Alberto Fernández y varios funcionarios y agentes de seguridad que estuvieron a cargo de la custodia de Morales durante su asilo en Argentina.
Según Magioncalda, durante el gobierno de Fernández se habría ocultado información relacionada con la situación legal de Morales, incluyendo detalles sobre quién financiaba su estadía en una residencia de lujo en un barrio exclusivo de Buenos Aires.
En Argentina, Morales enfrentaba dos denuncias: una del Ministerio de Seguridad que fue archivada de forma definitiva, y otra de la Fundación Apolo, que es la que ahora fue reabierta tras la apelación.
Paralelamente, en Bolivia, el exmandatario tiene una imputación por trata de personas emitida por la Fiscalía de Tarija. Aunque existe una orden de aprehensión en su contra, la Policía no la ha ejecutado hasta ahora, argumentando el riesgo de enfrentamientos con sus seguidores en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.