La Junta Departamental de Padres de Familia de La Paz denunció de forma pública que los maestros buscan derogar decretos que castigan abusos a estudiantes. Afirmaron estar en absoluto desacuerdo con la eliminación de normas que cuidan a estudiantes en el medio educativo.
Los Padres de Familia aseguran que dentro del pliego petitorio de 200 puntos, presentado por el magisterio urbano, se buscaba derogar los decretos 1320 y 1302, que establecen sanciones contra el abuso a los estudiantes.
La vicepresidenta de La Junta, Andrea Cerrudo, explicó que su sector analizó en detalle los pedidos de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y encontró puntos con los que están en absoluto desacuerdo.
“No estamos en contra de los maestros, pero no vemos que sus pedidos estén enfocados en mejorar las cosas para nuestros hijos. En especial la derogación de los decretos 1320 y 1302. Estas normas ayudan a sancionar a los profesores, administrativos o directores que agredan a los estudiantes, ¿Cómo es posible que estén tratando de eliminar estos decretos que cuidan de nuestros hijos?”, declaró la madre de familia.
Cerrudo afirmó que los cinco puntos sobre los cuales están debatiendo ya cinco semanas, tanto el magisterio urbano como el Ministerio de Educación, son una bandera que tapa otro tipo de acciones, que no son honestas.
“Coincidimos con que algunos de sus pedidos son legítimos, pero hay otros que no pueden hacerse realidad”, afirmó la representante de los progenitores del departamento.
Con el fin de erradicar la violencia a los niños , el Decreto Supremo 1302 tiene el fin de establecer mecanismos que contrarresten estos hechos precautelando así la integridad de los estudiantes en ámbitos educativos.
Esta norma establece medidas de protección y seguridad en las que se determinan las obligaciones de las autoridades educativas en ser parte de las imputaciones formales. Así también, el Ministerio de Educación tendrá que crear un plan de lucha contra todo tipo de violencia.
En Decreto Supremo 1320 modifica la norma anterior y establece que desde que sea aceptada la acusación por las autoridades pertinentes, los imputados serán suspendidos de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso penal.
El pedido está en la segunda página del documento presentado por los maestros. Es el segundo punto en el subtitulo Plataforma de Lucha en lo Político Sindical.