Este lunes, a través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados informa la supresión del Artículo 281 ‘in extenso’ del Proyecto de Ley 305/2023, ratificando que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia.
“El derecho a la información y la libertad de prensa son derechos que concurren en el ejercicio periodístico, mismos que se encuentran garantizados, toda vez que, desde la Comisión de Derechos Humanos, serán respetados en todo momento (…) Reiteramos la firme defensa de los derechos humanos“, se lee en el comunicado.
La decisión se habría tomado tras encuentros con representantes de la Asociación de Periodistas de Bolivia (APB), de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), de la Asociación de Prensa Nacional (APN), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Medios Alternativos de Bolivia (AMAB).
Según la comisión, se logró “diálogo y coincidencia con los diferentes sectores y, de esta manera, atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo respetuosos de los derechos y garantías constituciones vigentes” en el país.
La semana pasada, dirigentes del gremio periodístico rechazaron ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados; el ministro de Justicia, Iván Lima, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, específicamente el artículo 281, al considerar que “viola la Constitución Política, la Ley de Imprenta, la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a que se procese cualquier falta en el ejercicio de su tarea, solamente en el ámbito de la norma citada”.
Al respecto, Alcón manifestó en sus redes sociales: “nosotros siempre hemos señalado que se tiene que respetar la Ley de Imprenta, el trabajo de los periodistas y la libertad de expresión, porque es parte fundamental de un país, de un proceso democrático, y estamos en esa línea”.
En una carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, también pidieron que se elimine el párrafo III de dicho artículo y que se excluya a los periodistas “de la figura penal de difusión e incitación al racismo o a la discriminación en el citado proyecto”, pues “suprime la garantía constitucional de los tribunales de imprenta”.
Posteriormente, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la decisión de mantener o no el artículo era de la Comisión, la cual finalmente se conoció hoy.
El artículo 281 del proyecto de ley 305 anunciaba sanciones de tres a siete años de cárcel contra las personas que difundan por cualquier medio “ideas basadas en la superioridad racial”; “promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación”; “pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios”; e “incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios”.
A la vez, el Parágrafo III indicaba que “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.