La Asamblea Legislativa ha suspendido las interpelaciones hasta que se regule la censura, ya que los efectos de las interpelaciones quedan paralizados en la Asamblea Legislativa mientras no se regule la censura. En abril de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales los artículos 3 y 4 de la Ley 1350, que regula las consecuencias de este control.
En mayo de 2022, el diputado Rolando Cuéllar interpuso un recurso de inconstitucionalidad en el TCP contra los artículos 3 y 4 de la Ley 1350, que regula los efectos de la censura en la Asamblea Legislativa. En consecuencia, en abril de este año el TCP declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 y exhortó a la Asamblea a adecuar, en una nueva norma, los alcances de esa resolución constitucional.
El diputado del MAS Juan José Jáuregui afirmó que sería inaudito que inicien interpelaciones mientras no se regulen los efectos. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se tiene prevista una serie de interpelaciones a varios ministros, entre estos al de Justicia, Iván Lima, y nuevamente al de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Sin embargo, estas fueron postergadas hasta nuevo aviso. El senador del MAS William Tórrez confirmó que actualmente las interpelaciones están paralizadas en la Asamblea Legislativa mientras no se considere este asunto jurídico.
El presidente Luis Arce envió, en cumplimiento de la exhortación del TCP, el proyecto de Ley 350/2023 a la Asamblea, pero aún no ha sido tratado. La Ley 1350 fue aprobada en 2019 por Eva Copa, cuando era presidenta del Senado. La norma otorgaba al Ejecutivo 24 horas para la destitución y prohíbe que el censurado vuelva a ejercer cualquier cargo en los próximos tres años. Sin embargo, considerando que esta acción vulnera los derechos fundamentales, por ejemplo, al trabajo y a la potestad del Jefe de Estado de designar a sus ministros, establecida en la CPE, se declara inconstitucional, es decir no válida.