La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas aprobó, por mayoría absoluta, el proyecto de “Ley del Oro de Producción Nacional destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales”.
Una vez promulgada la ley, permitirá al BCB asumir las acciones que sean necesarias para garantizar la refinación del metal precioso adquirido en el mercado interno, cumpliendo con los estándares internacionales de oro responsable y de acuerdo a los requisitos solicitados por las entidades encargadas de la refinación en el exterior, con el objetivo final de obtener la calidad de buena entrega con destino al fortalecimiento de las Reservas Internacionales.
Las operaciones con las reservas en oro buscan mejorar la liquidez, es decir, la capacidad de proveer grandes cantidades de efectivo a partir de las reservas en plazo breve; la seguridad y el rendimiento de las Reservas Internacionales.
“Señalar que el Gobierno nacional está haciendo una ley concreta para dilapidar los recursos del oro es un desconocimiento en términos de lo que significa la modernidad de los bancos centrales cuando trabajan y gestionan sus reservas internacionales. Estas operaciones de compra y venta de oro son actividades rutinarias de los bancos centrales”, dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Tanto Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, todos tienen las facultades para gestionar la compra y venta de oro monetario. Bolivia es el único que en este caso no tiene esa posibilidad, añadió.
La oposición y sus voceros como sus medios de comunicación están, nuevamente, haciendo y reproduciendo afirmaciones y acusaciones insostenibles en materia económica respecto a esta Ley, como Carlos Alarcón, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, dijo que lo que pretende hacer el Gobierno “es una licencia para matar las reservas en oro y utilizarlas de manera arbitraria, de manera abusiva, discrecional y sin aprobación de la Asamblea Legislativa” algo que es absolutamente falso.
Por su parte, Róger Banegas ex director interino del BCB nombrado por Añez en diciembre del 2019, dijo que el proyecto de ley pretende eliminar el candado de la Ley 1670, estableciendo que toda venta o pignoración de oro deberá pasar por la Asamblea. “Se pretende obtener el permiso respectivo para vender las joyas de la abuela”, afirmo, calificado como opinión experta, según El Deber.
Parece necesario recordar que la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 1670 determinan que el BCB tiene la atribución de administrar las reservas internacionales. Las mismas se invierten con criterios de seguridad, preservación del capital, liquidez, diversificación y rentabilidad. El objetivo es maximizar el rendimiento, con sujeción al mantenimiento de una seguridad suficiente de los activos y la adecuada liquidez. Las reservas internacionales son el reflejo de la fortaleza de nuestra economía, estos ingresos cambiaron la historia de Bolivia, solventando mayores inversiones y la implementación de políticas sociales redistributivas, algo que lamentablemente voceros y “expertos” de oposición parecen ignorar.