El martes 28 de este mes, se llevará a cabo el juicio oral al exministro de Hidrocarburos de Jeanine Áñez, Víctor Hugo Zamora; al expresidente de YPFB, Herland Soliz Montenegro; el exvicepresidente Nacional de Operaciones, Jorge Roberto Blancourt Calvo; el exgerente de Industrialización, Óscar Alberto Boutier Hurtado; el exdirector de Operación y Mantenimiento de la planta, Carlos Manuel Segundo Vilar Gutiérrez y el excoordinador de Operación y Mantenimiento del complejo petroquímico, Ivert Fernando Oliva Soria, por la paralización de la gigantesca Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo a finales del 2019 generando daños millonarios al Estado.
La paralización en el funcionamiento de la Planta, ubicada en el trópico cochabambino, provocó un daño económico al Estado de $us 243 millones, monto con el “que se interpuso la demanda”, señaló el representante de la Confederación Nacional, Energética y Petroquímica de Bolivia, Ludwig Sánchez, informó ABI. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías presentó una querella en contra de la exautoridad por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La planta de Urea y Amoníaco Bulo Bulo, es un proyecto a largo plazo que comenzó el año 2017, es uno de los símbolos mayores de la industrialización en la historia de Bolivia, impulso al país a la era petroquímica y marcó la senda industrializadora, siendo el eslabón fundamental de la cadena de los hidrocarburos que permite añadir valor agregado a un recurso pilar de la economía boliviana, el gas natural. La implementación de este mega proyecto impulsó avances para la generación de divisas, la sustitución de importaciones, la generación de excedentes mediante el gas natural con valor agregado, la creación de polos de desarrollo petroquímico y la promoción de transferencia tecnológica.
El 2019, había como 17O trabajadores en el área de operación, mantenimiento y servicio de apoyo al despacho de urea, más mantenimiento, servicios, catering, vigilancia llegaban a más 300 trabajadores, de los que el 73% perdieron su fuente laboral en esa administración.
Argumentando que la planta era deficitaria, Zamora quiso impulsar una alianza público-privada con una empresa transnacional que se haga cargo. También, vio como opción el traslado de la PAU a otra ubicación con un costo de al menos $us 150 millones como parte de la auditoría.