La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha advertido sobre las significativas repercusiones económicas y energéticas derivadas del cierre de válvulas en los pozos Yarara X1 y Yarara X2, debido a acciones de protesta. Según un comunicado oficial, esta interrupción podría causar una pérdida diaria de 306.000 bolivianos y afectar la producción nacional de gas y petróleo.
YPFB ha señalado que la disminución en la producción podría comprometer el suministro energético del país y la capacidad de cumplir con los contratos de exportación. Además, el cierre de las válvulas podría llevar a una pérdida de presión y productividad en los yacimientos, dañando las formaciones geológicas y provocando corrosión y deterioro en los equipos, lo que resultaría en severas consecuencias económicas para Bolivia.
La toma de los pozos fue forzada por manifestantes que bloquean la ruta Santa Cruz – Cochabamba en la zona de Yapacaní. La empresa ha hecho un llamado urgente al diálogo con los sectores movilizados, pidiéndoles que cesen las acciones que están afectando el bienestar del país.
Los bloqueos en la ruta hacia el interior del país han persistido durante cinco días. Los manifestantes exigen que la Cámara de Diputados apruebe un crédito para la construcción de una carretera que conecte Campo Víbora con la ruta principal. Las comunidades de la región norte de Santa Cruz, responsables del bloqueo, han dado un ultimátum de 24 horas a la Cámara de Diputados para que convoque a una sesión y trate el proyecto de financiamiento vial que beneficiaría a la zona.
En caso de no obtener una respuesta favorable, los manifestantes amenazan con cerrar las válvulas de la planta Sirari, que depende del suministro de los pozos Yarara X1 y Yarara X2, así como de otros pozos en la región. José Vargas, secretario de relaciones de la Federación de Interculturales de Yapacaní, declaró: “Hace 40 años que pedimos esta carretera. Si la Cámara de Diputados no sesiona, cerraremos la planta”.
Esta situación resalta la urgencia de encontrar una solución negociada que equilibre las necesidades de desarrollo regional con la estabilidad económica y energética del país.