La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Nación Quechua, en sendos encuentros realizados este miércoles, han expresado su firme exigencia para la aprobación de créditos por un monto superior a $u 920 millones que actualmente se encuentran estancados en la Asamblea Legislativa, advirtiendo sobre posibles acciones de hecho para lograr su objetivo.
Ambos sectores han declarado un estado de emergencia en respuesta a lo que perciben como intentos golpistas impulsados por sectores opositores y la denominada “nueva derecha”, liderada por Evo Morales.
En una resolución conjunta, respaldaron las demandas del Norte Integrado de Yapacaní, haciendo un llamado contundente a los diputados para que aprueben el proyecto de ley 348/2023-2024 y otros puntos contemplados en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley 348 tiene como objetivo la obtención de un crédito por $us 35 millones destinado a la construcción de la carretera Norte Integrado – Yapacaní, cuya importancia ha sido destacada por los pobladores de Yapacaní, quienes han mantenido bloqueos de caminos durante seis días como medida de presión.
Este proyecto de ley, presentado el 14 de marzo de este año, aún no ha sido aprobado debido a las fallidas sesiones en la Cámara de Diputados, donde legisladores evistas y opositores se han negado a dar curso a los créditos hasta que se aprueben los proyectos de ley antiprórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, ha convocado a una sesión para las 14h00 de este jueves, incluyendo en la agenda el tratamiento del contrato crediticio que será asumido por la Gobernación de Santa Cruz. Este crédito es uno de los 11 pendientes de aprobación en el Legislativo, sumando en total $us 923 millones destinados a diversas obras públicas y proyectos de desarrollo.
En un rechazo enérgico a este bloqueo legislativo, la Nación Quechua ha amenazado con tomar acciones de hecho para asegurar la aprobación de los créditos, instando a las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a actuar en favor del desarrollo nacional y proteger la economía del país.
Asimismo, ambas organizaciones sociales han condenado lo que perciben como ataques sistemáticos de una “alianza antidemocrática” liderada por Evo Morales, Carlos Mesa y Fernando Camacho, acusándolos de intentar desestabilizar el actual gobierno y acortar su mandato.
En vista de esta situación, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y la Nación Quechua se declaran en estado de emergencia para defender al Gobierno nacional y evitar un nuevo golpe de Estado, reafirmando su compromiso con la estabilidad y el desarrollo de Bolivia.