La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la violencia contra los periodistas en los puntos de bloqueo, y urgió al Estado investigar los hechos y proteger a los trabajadores de la prensa.
Este domingo se cumplen 21 días de un bloqueo de caminos centrado en Cochabamba, y que estuvo marcado por la violencia de los movilizados contra periodistas. El viernes resistieron con lanzamiento de piedras y cachorros de dinamita el desbloqueo en Parotani, dejando policías heridos y un foto periodista de la prensa internacional.”La RELE expresa su preocupación por las agresiones a la prensa durante la cobertura de manifestaciones y bloqueos. Urge a las autoridades a proteger a las y los periodistas e investigar los actos de violencia, y llama a civiles en los bloqueos a respetar su labor”, establece un pronunciamiento de la organización internacional.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia se declaró en estado de emergencia ante la violencia ejercida contra la prensa en los puntos de bloqueo de Morales. En Mairana un grupo de periodista fue secuestrado y amenazado con ser quemados, junto a los policías retenidos.”Nos decían que éramos prensa vendida y que debían quemarnos junto a los policías (…) fue por gracia de Dios que salimos (…) nos querían quemar”, relató visiblemente afectado Ricardo Pedraza, camarógrafo de Red Uno sobre lo ocurrido el 29 de octubre
El organismo internacional la normativa internacional sobre el trabajo de la prensa: “Debe tenerse especialmente presente que los periodistas, camarógrafos, fotorreporteros y comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad; la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente”.Morales y sus seguidores cumplen 21 días de bloqueo de caminos, para asegurar la candidatura presidencial y librarlo de procesos penales, entre ellos del caso de estupro y trata y tráfico de personas debido a una relación que mantuvo con una menor en 2015, según la Fiscalía.