Tras las recientes elecciones judiciales parciales en Bolivia, la atención se centra en la situación de los siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de cinco departamentos que no lograron elegir autoridades. Según el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, la solución a esta problemática depende de un análisis legislativo.
Vargas explicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá determinar cómo se organizarán y funcionarán estas instituciones judiciales en los próximos meses. “La organización, el funcionamiento y el periodo de mandato del Tribunal Constitucional están definidos por ley. Ahora, es responsabilidad del Legislativo analizar cómo proceder”, comentó Vargas en una entrevista televisiva.
El contexto de estas elecciones parciales se remonta a la Sentencia Constitucional 0770 del TCP, que anuló la convocatoria de preselección de candidatos para el TSJ en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Beni y Pando, y para el TCP en Beni y Pando. Este fallo fue ratificado por el Auto Constitucional 084, permitiendo elecciones únicamente en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Como resultado, siete magistrados actuales deberán continuar en sus cargos hasta la convocatoria de nuevos comicios.
La Declaración Constitucional 0049 de 2023 respalda esta continuidad, al establecer que las autoridades judiciales y del TCP pueden prorrogar excepcionalmente sus mandatos hasta que sean reemplazadas mediante voto ciudadano. Sin embargo, esta medida genera cuestionamientos legales, ya que la Sentencia 1010/2023 prohíbe la prolongación de mandatos en el Estado boliviano.
Por otro lado, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tiene pendiente el tratamiento de una ley complementaria que regule las elecciones judiciales. Según su presidenta, Olivia Guachalla, el proyecto será una prioridad, aunque hasta ahora no ha sido abordado. Este debate podría verse afectado si la Asamblea decide entrar en receso parlamentario de fin de año, tema que se discutirá esta semana.
El TSJ y el TCP son órganos fundamentales para la administración de justicia y el control constitucional en Bolivia. Mientras el TSJ lidera la jurisdicción ordinaria, el TCP actúa como garante de la Constitución, con decisiones vinculantes y obligatorias. El reto legislativo ahora es definir cómo funcionarán estas instituciones ante la falta de nuevas autoridades electas.