En un hecho que ha generado indignación, una madre denunció públicamente que su hija, una menor de 9 años, fue agredida físicamente por un profesor dentro de una unidad educativa privada en Cochabamba. A pesar de la gravedad de la situación, la institución no ha tomado medidas sancionatorias contra el educador, quien sigue impartiendo clases con normalidad, mientras que la niña continúa recibiendo clases virtuales y recibiendo tratamiento médico por un esguince cervical causado por la agresión.
Según lo informado por Ernesto Suárez, representante de la Asociación de Padres de Familia de colegios privados, el hecho ocurrió el pasado 20 de marzo durante una situación de desorden en el aula. El docente, intentando calmar a los estudiantes, perdió el control de sus acciones y, de acuerdo con el testimonio de Suárez, “tomó a la menor del mentón con ambas manos, la levantó hasta el cuello y luego la soltó con fuerza”. La agresión le causó a la niña un esguince cervical, confirmado por estudios médicos.
La madre de la menor, desesperada por la falta de apoyo institucional, rompió el silencio semanas después, denunciando que el profesor sigue trabajando como si nada hubiera ocurrido, mientras su hija permanece en casa bajo tratamiento médico y psicológico. La menor lleva un collarín cervical debido a la agresión y asiste a clases virtuales por miedo a regresar al aula. “La víctima está en casa como si ella hubiera hecho algo malo, y el victimario sigue en el aula. Es una injusticia absoluta”, expresó la madre, visiblemente afectada por la falta de acción por parte de las autoridades educativas y la institución.
La comunidad de padres de familia ha expresado su indignación ante la pasividad de las autoridades educativas, quienes, según Suárez, “informaron que los colegios privados no pueden ser sancionados”. Además, “la Defensoría no ha intervenido y no hubo un abordaje psicosocial ni protección para la menor”, agregó el representante de los padres.
El 11 de abril, la madre formalizó la denuncia ante la Dirección Departamental de Educación (DDE) y presentó también una denuncia penal ante la Fiscalía. La Asociación de Padres de Familia exige la suspensión inmediata del docente y advierte que no permitirán que este caso quede impune.
“El profesor reconoció lo que hizo, dijo que se arrepentía, pero el colegio no le impuso ni un llamado de atención. No hay castigo ni prevención. Eso es inaceptable”, señaló Suárez, quien también destacó que este tipo de actitudes solo contribuyen a la normalización de la violencia dentro de las instituciones educativas.
La familia afectada, junto con la Asociación de Padres, solicitará formalmente el cese del docente y exige que el caso sea tratado con la seriedad que merece. Mientras tanto, la menor continúa bajo atención médica y psicológica, marcada por el temor de regresar a su aula.
Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de un abordaje más riguroso y eficaz en el tratamiento de situaciones de violencia escolar, así como la obligación de las instituciones educativas de garantizar la seguridad y el bienestar de sus estudiantes.